Desde 1990 se empezó a implementar en Colombia el modelo de desarrollo que prioriza el mercado como asignador de recursos, reduce la acción del Estado, incentiva la apertura económica, defiende la flexibilidad laboral, entre otros.
Y que, de paso, golpea al sector rural y a la pequeña industria, centra su
interés en el sector privado como motor del crecimiento, y aboga por la ampliación de los mercados internacionales dejando a un lado al mercado interno.
Esta ha sido la fórmula que ha predominado en el país en los últimos 23 años. Este modelo ha sido la moda bien representada en las altas esferas por todo un equipo de economistas que, en su mayoría, son seguidores de estas fórmulas, en consonancia con aquellos que a través de puertas giratorias se mueven entre los organismos internacionales y los gabinetes económicos.
Si alguien ha sido un destacado actor de este modelo es el hoy Presidente de la República. Como primer Ministro de Comercio del Gobierno Gaviria, 1990-1994, le dio más importancia a la apertura de mercados internacionales que a las políticas productivas por sector.
Después, como Ministro de Hacienda del Gobierno Pastrana, 1998-2002, continuó como operador de este modelo cuya prioridad son los equilibrios macroeconómicos sobre objetivos redistributivos.
Finalmente, en el Gobierno Uribe, 2002-2010, fue su Ministro de Defensa, logrando consolidar la estrategia de guerra contra las Farc. Relativamente exitoso en todas sus carteras, al llegar a la Presidencia no sospechaba que ese modelo le iba a hacer agua.
Sin embargo, esta no ha sido la realidad y la incapacidad de ser objetivo le impidió prepararse y preparar a su equipo para el momento de la retorcida de lo que se consideró por décadas como el modelo de desarrollo ideal.
Especialmente para los que pensaron que los problemas de desigualdad y pobreza se solucionaban sin tocar los fundamentales, con limosnas como las Transferencias Condicionadas, Familias en Acción y los otros subsidios.
Pero se vino la crisis financiera que vivió bajo el supuesto de la capacidad autorreguladora del mercado y entró en crisis el mundo desarrollado. Como a América Latina le estaba yendo muy bien en la supuesta década de la región, según el Presidente del BID, nadie, y menos el recién inaugurado presidente Santos, pensó, que los efectos negativos de este modelo supuestamente perfecto le iban a tocar a él, uno de sus actores.
El tema no es de comunicación, ni de imagen. Ya son evidentes los resultados de unas estrategias que olvidaron la importancia de las políticas productivas; de la necesidad de un Estado no necesariamente oferente de servicios, pero sí regulador de las acciones del sector privado, ahora ejecutor de recursos públicos; de la necesidad de reformas estructurales para atacar problemas históricos como la concentración de la tierra y, en general, de los beneficios del desarrollo.
Como la gravedad de aumentar la demanda por educación y salud en los sectores marginados sin mejorar la calidad de esa oferta. Como insistir en el sector privado como el motor de crecimiento sin considerar la necesidad de incrementar la demanda interna, para lo cual el mejoramiento del mercado laboral y la generación de trabajo digno para el grueso de la población es una absoluta prioridad.
El descuido de la innovación, del desarrollo de ciencia y tecnología para atacar un grave problema, la baja productividad. La prioridad de aumentar los impuestos a los individuos ricos para hacer posible las políticas sociales universales que son las que reducen la imperdonable desigualdad colombiana.
Sin negar los hechos positivos del Gobierno Santos, como su preocupación por las víctimas del conflicto, su afán de distribuir la tierra y su real compromiso con la paz, la verdad es que sus grandes dificultades radican en no aceptar que su modelo de desarrollo, el de los últimos 23 años, colapsó.
En vez de aceptar esta realidad, siguen profundizando los problemas. Un ejemplo es el de los TLC. Ya se viven sus consecuencias; sin embargo, el Ministerio de Comercio sigue firmando TLC’s con ‘Raimundo y todo el mundo’ sin hacer la más mínima evaluación de sus efectos sobre la débil competitividad nacional. El remedio es peor: subsidios al que más grite, descansar solo en el sector minero-energético y desaprovechar esta oportunidad para crear bases de crecimiento y empleo en la industria y en el agro.
En lo social, claro que bajó la pobreza, pero aumentó la población vulnerable, o sea, aquella que tiene una altísima posibilidad de volver a ser pobre. Familias en Acción y sus pares no pudieron, en América Latina, convertir inmediatamente a los pobres en clases medias, como anunciaron. El grueso es vulnerable, con alta posibilidad de volver a caer en la pobreza. Hoy, entre pobres y esta categoría, hay más de 2/3 de la población colombiana y solo un 25 por ciento de clase media. Obviamente, el 2 por ciento de los más ricos sigue, no igual, sino probablemente más rico. Es el modelo, créanme.
