Está previsto el voto en la comisión parlamentaria de Comercio Internacional a mediados de junio y, en sesión plenaria, para septiembre.
El Parlamento Europeo (PE) se prepara para pronunciarse sobre el tratado de libre comercio (TLC) cerrado por la Unión Europea con Perú y Colombia en 2010, con la sensación agridulce de saber que su voto será decisivo para que pueda entrar en vigor, pero que no podrá introducir enmiendas en el texto.
Tras intensos meses de conversaciones, la Comisión Europea, por un lado, y las autoridades de Colombia y Perú, por otro, dieron por terminada la negociación de un acuerdo para liberalizar sus intercambios comerciales en Madrid en mayo de 2010.
Desde entonces y una vez concluida la revisión jurídica de los documentos y hecha la traducción de los mismos a las veintitrés lenguas oficiales de la Unión Europea (UE), el acuerdo está a punto de ser remitido de manera oficial a la Eurocámara, que espera celebrar el primer debate en profundidad sobre el tema a finales de febrero en una audiencia pública.
El Tratado de Lisboa, que rige la normativa comunitaria desde el 1 de diciembre de 2009, ha otorgado al Parlamento el poder de colegislar en los acuerdos comerciales que negocie la Comisión en nombre de los veintisiete miembros de la UE, si bien sólo se le permite aprobar o rechazar los textos y en ningún caso cambiar un ápice el contenido.
En cambio, sí que está previsto que los eurodiputados elaboren un informe en el que dejarán patente su posición política sobre el acuerdo. Dada la composición actual de la Eurocámara, en la que el Partido Popular Europeo (conservadores) cuenta con la mayoría seguido por socialistas (ampliamente a favor del acuerdo) y liberales, el tratado podría pasar el trámite parlamentario sin dificultad.
El gran escollo al que han aludido tanto sectores de la sociedad civil como otros grupos del PE, como Izquierda Unitaria o Los Verdes, es la situación de los derechos humanos en Colombia.
El eurodiputado socialista español Emilio Menéndez del Valle subrayó los esfuerzos de la Administración de Juan Manuel Santos por "abrirse al escrutinio internacional y dar respuestas a los problemas en materia de derechos humanos, tras una etapa de graves horrores y errores de (el presidente precedente, Álvaro) Uribe", dijo.
En concreto, destacó el "sometimiento voluntario" a la Evaluación Periódica del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o el impulso a los programas de protección de sindicalistas, los compromisos en materia de derechos humanos, la ley de víctimas y restitución de tierras y la depuración de responsabilidades sobre los casos de falsos positivos y en el servicio secreto (DAS).
Desde su punto de vista, la cláusula de derechos humanos que incluye el acuerdo, que permitiría su suspensión unilateral en el caso de graves violaciones de las libertades fundamentales, será un acicate para que Colombia continúe en esa "tendencia positiva", una idea que también comparte el eurodiputado del PP Pablo Zalba.
Resaltó que "la evolución es impecable" en materia de derechos humanos en Colombia y opinó que se verá "incentivada" por la aplicación del acuerdo, que se haría de manera provisional si el PE lo respalda y hasta que se pronunciasen los parlamentos nacionales.
Según Zalba, es urgente que el acuerdo se implemente para que las empresas europeas no queden en desventaja en la región andina frente a las de Estados Unidos, país que ha culminado recientemente la ratificación de otro TLC con Colombia.
Por su parte, la eurodiputada del Partido Nacionalista Vasco Izaskun Bilbao, que pertenece al grupo de los liberales, defendió el acuerdo porque, a su juicio, "Colombia no debe recibir un doble castigo", por un lado, el de la violencia que aún sufre por parte de las guerrillas y los paramilitares y, por otro, el hecho de que no se implemente el tratado.
"No se les puede responsabilizar de la situación de violencia, sobre todo si están haciendo todo lo que está en sus manos para evitarlo", comentó, a la vez en que confió en que el pacto beneficie a ambas partes y que se respete a las poblaciones más vulnerables o minoritarias, como las comunidades indígenas.
En cambio, el eurodiputado de Los Verdes Raül Romeva hizo hincapié en el riesgo que corren esas poblaciones, así como el medio natural en el que viven y del que son tan dependientes, con la llegada de las empresas europeas, y lamentó la "opacidad y poca consistencia de los informes de impacto".
Asimismo, desconfió de la eficacia de la cláusula de derechos humanos, ya que, indicó, la UE no ha llegado a utilizar herramientas similares en acuerdos anteriores con otros países, como por ejemplo China, comentó.
Bruselas – EFE
