El ejecutivo decidió enviar a control directo de precios ocho principios activos, lo que lo obliga a tener precios de referencia.
El establecimiento de precios de referencia, como una forma del Gobierno para controlar los precios de los medicamentos en el país y si es el caso fijarlos administrativamente, comenzó a dar sus primeros pasos.
En efecto, la Comisión Nacional de Precios de Medicamentos (CNPM), integrada por los ministros de Salud y Protección Social y Comercio y un delegado del presidente de la República, lanzó una oferta internacional de cotización para la elaboración de un estudio de precios internacionales.
El aumento de los valores de un grupo importante de medicinas, principalmente de las recobradas al Fosyga por no estar incluidas en el POS del régimen contributivo, tomó al país sin una normatividad que le permitiera enfrentar rápidamente esa escalada alcista y evitar el cuasi colapso financiero del sistema de salud.
Desde el 2006, los precios de los medicamentos quedaron al vaivén del mercado.
Las pocas herramientas que se hubieran podido utilizar, como importaciones paralelas y licencias obligatorias, se negociaron o ni siquiera hubo la intención de aplicarlas.
Ahora que el Gobierno decidió enviar a control directo de precios ocho principios activos, que corresponden a 81 medicamentos, quedó obligado a tener precios de referencia de medicinas de Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, México, Panamá, Perú, Uruguay y tres países de la OCDE (Estados Unidos, Turquía y España).
El estudio, señaló el Ministerio de Comercio, debe identificar en toda la cadena los costos de los medicamentos, si estos son subsidiados por el Estado y los niveles de competencia en cada país.
La competencia, precisamente, volvió a ser importante en el discurso oficial, como en la regulación de medicamentos biotecnológicos próxima a expedirse y en la medida de la CNPM, que determinó que las medicinas que tuvieran un máximo de dos oferentes entran automáticamente al control directo de precios.
