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domingo, 2 de octubre de 2011

Contrabando, delito difícil de comprobar

La impotencia de la sociedad para enfrentar el contrabando se evidencia en el tamaño descomunal de su infraestructura y la capacidad para evadir a las autoridades.

La impotencia de la sociedad para enfrentar el contrabando se evidencia en el tamaño descomunal de su infraestructura y la capacidad para evadir a las autoridades.
“En el país se lavan $16 billones al año”, reconoció recientemente Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, al ratificar la campaña que el Gobierno ha emprendido para combatir todas las conductas relacionadas al contrabando.
Pero la incapacidad para sancionar a los responsables de este delito se palpa en el número de imputados, al menos desde enero del 2005 cuando se puso en marcha el sistema penal acusatorio o proceso oral en el Valle del Cauca: cero.
Fiscales en el Valle del Cauca coinciden en señalar que ante ellos nunca es presentado el dueño de los cargamentos, cuando estos son decomisados, “porque los capturados siempre son conductores, ayudantes o vigilantes, nunca los verdaderos responsables”.
Además, “la constante es que las empresas que figuran en la documentación, si la tienen, son ficticias o los comerciantes registrados fueron suplantados”.
Uno de los fiscales de la Unidad de Patrimonio Económico confirmó que el contrabando siempre va ligado a falsedad de documentos y suplantación de personas y al lavado de activos.
De ahí que haya un consenso en que “en la práctica no se castiga al contrabandista, salvo con la sanción económica del decomiso de la mercancía”.
El funcionario judicial precisó que “la dificultad está en demostrar quién es el dueño del contrabando, porque en los procesos todos los nombres son falsos” y agregó que en muchos casos los procesos se caen por la recaudación deficiente o irregular del material probatorio.
Según el investigador, el grado de corrupción y la complicidad al interior de la Dian impide concluir las investigaciones.
Un especialista en los procesos ante la Dian reveló a El País múltiples maneras para borrar de los procedimientos el rastro de un contrabando, obviamente técnico.
“Casos como los vehículos de alta gama que están entrando con valores muy inferiores a los reales y como no hay producción nacional no se siente que eso sea un delito o problema, pero sólo en un vehículo de esos se roban $300 ó $400 millones de impuestos”, precisó la fuente.
El experto indicó que “sólo basta con que se cambie la dirección de donde supuestamente se vendió el vehículo y esperar a que el sistema aborte y el funcionario mete la información manual y queda un documento en un archivo sobre el que no hay forma de saber que llegó...”.
Agregó que son de tal tamaño las irregularidades que la Dian no exige numeración de documentos.
“La papelería se la roban al imprimir facturas aunque falte mercancía por declarar, así se aprovechan que hay hojas en blanco y sin numeración que luego les sirven para alterar otros negocios”.
Todo esto, al decir del especialista, se da porque la dificultad mayor para depurar el organismo que controla y sanciona el contrabando es su tamaño. En la Dian hay 9.000 funcionarios, de los cuales sólo 20 son de libre nombramiento y remoción, los demás pertenecen a la carrera administrativa.
Y afirma que “aunque las autoridades conocen a ciencia cierta quiénes son los responsables o dueños del contrabando, por las mismas razones anteriores nunca son judicializados. También porque en muchos casos los grandes contrabandistas sólo son testaferros”.
“Necesariamente uno entra a manejar el testaferrato y el lavado de activos para así darle mayor peso al proceso contra el contrabando y la seguridad de que se va a encauzar a la persona”, argumenta el coronel Hoover Penilla, director de la Policía Fiscal y Aduanera, Polfa.
En el caso del Valle del Cauca, la Policía está tras una organización “muy poderosa” conocida como ‘Los Pitufos’. También, tras del jefe de todos los jefes.
“La gente sabe que Diego Marín es un mafioso, se pasea por el Inter, está en todas partes, lo he dicho públicamente y lo digo ahora bajo mi responsabilidad”, precisó el general Óscar Naranjo, director de la Policía Nacional.
Seguidamente, el alto oficial dio las razones por las que el mencionado no ha sido judicializado.
“Hace falta acumular pruebas que realmente nos permitan tipificar delitos graves porque él no solamente es un contrabandista sino que es un lavador de activos. Estamos recibiendo cooperación internacional para hacerlo porque ese es un delincuente que trasciende las fronteras colombianas”.